¿Eliminar el Simce?
Eliminar el Simce sería un profundo error. Ninguna
de las críticas planteadas justifica quebrar un termómetro que lleva más de
dos décadas aportando información relevante al sistema educativo.
por
Sebastián Izquierdo - 21/10/2013 - 04:00
RECIENTEMENTE se han alzado voces que buscan terminar con las
evaluaciones de aprendizaje. Entre ellas, se pretende eliminar el Simce, lo que
significaría un tremendo retroceso en las políticas públicas que el Estado ha
impulsado en los últimos años. Para dar el necesario salto al desarrollo y
dejar atrás la pobreza, Chile requiere de un sistema educativo de mayor calidad
y que abra oportunidades, sin distinción alguna, a cada uno de nuestros
estudiantes. Contar con un instrumento como el Simce nos permite conocer
en qué medida estamos avanzando para alcanzar dicho objetivo.
Se argumenta que con pruebas estandarizadas aplicadas sólo a una muestra de estudiantes o establecimientos podríamos conocer el estado de nuestra educación. Sin embargo, ello implicaría que las comunidades educativas deberían renunciar a recibir información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes, producto de una imposición externa. En concreto, los padres y apoderados no tendrían acceso a información acerca de cuánto han aprendido los estudiantes con relación al currículum nacional, ni tendrían la oportunidad de conocer el nivel del establecimiento donde se educan sus hijos para poder tomar decisiones más informadas. Los directores y profesores, por su parte, no podrían contar con información útil para identificar fortalezas y desafíos de su labor al interior de cada establecimiento y desarrollar planes de mejora.
Los argumentos que se han esgrimido son parciales e insuficientes, puesto que no existe evidencia respecto del impacto negativo de este tipo de pruebas en la formación de nuestros estudiantes. En cualquier caso, el nuevo Sistema de Aseguramiento de Calidad ha tomado los resguardos para evitar eventuales malos usos del Simce, ampliando el concepto de calidad más allá de los logros de aprendizaje, incluyendo otros indicadores (por ejemplo: clima de convivencia y hábitos de vida saludable) y desplegando iniciativas para fomentar el correcto uso de la información.
Finalmente, es importante contextualizar esta discusión con el resto de las políticas públicas que se han implementado en el país. En 2008 se aprobó la Ley de Subvención Escolar Preferencial y hoy se cuenta con un sistema de aseguramiento que incluye a la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia Escolar. Estas iniciativas buscan generar un equilibrio entre la responsabilización académica y administrativa de los establecimientos y diversos mecanismos de orientación y apoyo para éstos. Una evaluación que involucre a todas las escuelas, liceos y colegios es fundamental para identificar a aquellos que requieren ayuda, reconocer y difundir buenas prácticas y para tomar medidas con los establecimientos que, definitivamente, no están consiguiendo que sus alumnos aprendan, a pesar de los crecientes recursos públicos que reciben.
Eliminar el Simce sería un profundo error. Ninguna de las críticas planteadas justifica quebrar un “termómetro” que lleva más de dos décadas aportando información relevante al sistema educativo chileno.
Se argumenta que con pruebas estandarizadas aplicadas sólo a una muestra de estudiantes o establecimientos podríamos conocer el estado de nuestra educación. Sin embargo, ello implicaría que las comunidades educativas deberían renunciar a recibir información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes, producto de una imposición externa. En concreto, los padres y apoderados no tendrían acceso a información acerca de cuánto han aprendido los estudiantes con relación al currículum nacional, ni tendrían la oportunidad de conocer el nivel del establecimiento donde se educan sus hijos para poder tomar decisiones más informadas. Los directores y profesores, por su parte, no podrían contar con información útil para identificar fortalezas y desafíos de su labor al interior de cada establecimiento y desarrollar planes de mejora.
Los argumentos que se han esgrimido son parciales e insuficientes, puesto que no existe evidencia respecto del impacto negativo de este tipo de pruebas en la formación de nuestros estudiantes. En cualquier caso, el nuevo Sistema de Aseguramiento de Calidad ha tomado los resguardos para evitar eventuales malos usos del Simce, ampliando el concepto de calidad más allá de los logros de aprendizaje, incluyendo otros indicadores (por ejemplo: clima de convivencia y hábitos de vida saludable) y desplegando iniciativas para fomentar el correcto uso de la información.
Finalmente, es importante contextualizar esta discusión con el resto de las políticas públicas que se han implementado en el país. En 2008 se aprobó la Ley de Subvención Escolar Preferencial y hoy se cuenta con un sistema de aseguramiento que incluye a la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia Escolar. Estas iniciativas buscan generar un equilibrio entre la responsabilización académica y administrativa de los establecimientos y diversos mecanismos de orientación y apoyo para éstos. Una evaluación que involucre a todas las escuelas, liceos y colegios es fundamental para identificar a aquellos que requieren ayuda, reconocer y difundir buenas prácticas y para tomar medidas con los establecimientos que, definitivamente, no están consiguiendo que sus alumnos aprendan, a pesar de los crecientes recursos públicos que reciben.
Eliminar el Simce sería un profundo error. Ninguna de las críticas planteadas justifica quebrar un “termómetro” que lleva más de dos décadas aportando información relevante al sistema educativo chileno.
